Parecía que habría lío, pero el Congreso aprobó el CETA
Días atrás parecía que España dificultaría la concreción del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) entre Europa y Canadá. Formaciones políticas se pronunciaron en contra del instrumento, al cual le ven aspectos poco favorecedores para los pequeños productores y muy benevolentes con las grandes transnacionales. Manifestaron que lo vetarían en el Congreso, algo que de haber ocurrido habría dejado a España en “ridículo”, según Rajoy, pero finalmente la instancia legislativa lo aprobó, dando luz verde a su curso legal y posterior instrumentación, a menos que otros países de la Unión Europea (UE) sean los que se opongan.
La aprobación del CETA en el Congreso de los Diputados se produjo este pasado jueves. El polémico acuerdo comercial, que de acuerdo con estimados de la Comisión Europea tendrá un impacto anual positivo de 12 mil millones de euros en la UE y otros ocho mil millones en Canadá, salió adelante del trámite parlamentario en España pese a la abstención del PSOE y la oposición del Unidos Podemos, ERC y Compromís. A favor votaron el PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Coalición Canaria, y con ello fue suficiente.
Los partidos de izquierdas basaron su voto negativo en que, a su juicio, la negociación del acuerdo se ha efectuado bajo circunstancias sospechosas de opacidad. Asimismo, no están de acuerdo con que el CETA, en su redactado final, beneficia mayormente a las multinacionales. Al respecto, CCOO y UGT han cuestionado el hecho de que el acuerdo, según sostiene, limita los derechos de los trabajadores y cede soberanía nacional de cada uno de los miembros de la UE. Pero pese a todo ello, el CETA va viento en popa.
Según cálculos de la Comisión Europea, el acuerdo reducirá el 99 por ciento de los aranceles recíprocos en un lapso no mayor de siete años, lo que favorecerá el ahorro de los 400 millones de euros anuales que las empresas europeas pagan actualmente por sus exportaciones a Canadá. Por sí solo este ahorro resulta atractivo para el empresariado europeo, máxime cuando al final de los períodos transitorios podría incrementarse hasta los 500 millones y redundar en una innegable mejoría de la competitividad.
La Comisión Europea argumenta también a favor del instrumento que este permitirá acudir a las empresas del bloque comunitario a las licitaciones de contratos públicos canadienses y ofrecer en ese país sus servicios. Ello materializa una apertura que no afectará a los servicios públicos y que constituye un excelente activo comercial, como también lo es la posibilidad de homologar recíprocamente las normas que afectan a los productos manufacturados, al refuerzo de la protección de patentes farmacéuticas y a la convalidación de títulos universitarios.
Con respecto a la protección de las producciones y marcas europeas, el CETA prohibirá vender en la norteña nación imitaciones de 143 especialidades gastronómicas del viejo continente, características de distintas zonas o regiones. De igual forma, no permitirá la apertura del mercado de aves de corral y huevos, al tiempo que limitará los contingentes de algunos productos especiales como la carne de vacuno y porcino europeos o los lácteos canadienses, para proteger a los productores de esos rubros en cada país. No obstante, ninguno de estos atractivos elimina la polémica del tratado, muy cuestionado por los movimientos antiglobalización.
