La Audiencia Nacional no se olvida de Trapero
Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d´Esquadra, ha sido citado como investigado por la Audiencia Nacional por un posible delito de sedición. La juez Carmen Lamela ha llamado a Trapero a comparecer, junto con su abogado, por la causa abierta desde la semana pasada que le culpa de no cumplir las resoluciones judiciales que le fueron mandadas. La actuación pasiva de los Mossos en el desafío secesionista de Cataluña no ha pasado desapercibida para la justicia quien además ha citado también como investigados a la intendente de los Mossos en el Eixample, al presidente de la ANC y a los de Òmnium Cultural.
Mucho se ha hablado estos días sobre la actuación de los Mossos d´Esquadra. Su pasividad el pasado domingo, día en el que se celebró el referéndum ilegal independentista en Cataluña, dejó a pocos sin palabras. Tachados de héroes, tachados de policía del régimen de Puigdemont, tachados de cobardes, tachados de traidores… Pocos calificativos se quedaron fuera a la hora de juzgar su actuación. Pero hay uno por el que el mayor de los Mossos podría tener graves consecuencias. El nombre de Josep Lluís Trapero ha sido ligado con el delito de sedición. Así lo ha considerado la justicia quien, desde la Audiencia Nacional, ha citado ya a Trapero. El mayor de los Mossos deberá comparecer este viernes, por citación de la juez Carmen Lamela, magistrada titular del juzgado central de instrucción número 3, por una posible causa de sedición abierta desde la semana pasada.
Los Mossos tenían orden de precintar los colegios electorales donde se celebraría la votación del referéndum. Debían impedir que la gente entrase en ellos y, en caso de que lo hiciese, tratar que no votasen retirando las urnas y haciéndose con las papeletas. Pero nada de eso se pudo ver el 1 de octubre. Fue la Guardia Civil y la Policía Nacional quien tuvo que actuar ante la pasividad del cuerpo policial catalán que había recibido órdenes judiciales de impedir dicha votación.
Junto a Trapero, están también citados, como investigados por la misma causa, la intendente de los Mossos en el Eixample, Teresa Laplana; el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), así como los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Todos ellos se enfrentan a un delito de sedición que podría acarrear hasta quince años de cárcel por alzarse “pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
