La ayuda no alcanza a todos los niños refugiados en Bangladesh
Más de 582 mil personas se han refugiado en Bangladesh, desde el pasado 25 de agosto, tras huir de los actos de violencia que se han desatado en Rakhine, al oeste de Myanmar. Aproximadamente el 60% de estas personas son menores de edad, y necesitan, urgentemente, de ayuda financiera, pues la gran mayoría de ellos no cuenta con las condiciones precisas en cuanto a temas básicos como resultan la alimentación, el albergue, los servicios médicos, entre otros. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) no posee suficientes recursos monetarios para ofrecerles auxilio, según advirtieron en un comunicado divulgado este martes.
En la declaración, la agencia especializada manifestó que cuenta con poco más de cinco millones de dólares para atender dicha crisis durante los seis meses venideros, lo cual representa, apenas, el siete por ciento de los 76 millones de dólares solicitados para ello. “Si no recibimos estos fondos, nos veremos precisados a detener, para finales de noviembre, el suministro de agua potable que hemos habilitado mediante camiones, para abastecer a unos 40 mil rohinyás que no pueden acceder a este líquido por otras vías; además de tener que suspender la edificación de 1 400 puntos adicionales para su distribución”, explicó Unicef, al tiempo que manifestó que tampoco podrá conferir a los refugiados, incluyendo a los niños, más de 12 mil nuevas instalaciones sanitarias; ni entregar alimentos a 15 mil menores amenazados por la desnutrición; ni responder por la inmunización contra innumerables enfermedades a los miles de niños que continúan arribando a Bangladesh, procedentes de Myanmar. “Los niños rohinyás ya han padecido demasiadas barbaries, por lo cual precisamos ayudarlos con cuestiones cardinales para su supervivencia. Por eso hemos recurrido a la realización de un llamado a la comunidad de donantes, con el fin de que contribuyan a completar dinero pedido”, insiste Unicef en el documento.
Según el diario español La Vanguardia, la crisis de los rohinyás se desató el 25 de agosto último, después de que un grupo insurgente de esta comunidad musulmana profiriera un ataque contra edificaciones policiales y militares en el estado occidental birmano de Rakhine. Dicha operación fue respondida por el Ejército local, mediante una campaña que continúa en pie. Según testigos y organizaciones de derechos humanos, el ejército devastó poblaciones, las cuales fueron incendiadas. Además, los militares han asesinado a un número indeterminado de civiles, que fueron tiroteados cuando el ejército desocupaba dichas localidades. El gobierno birmano, por su parte, asevera que los actos violentos fueron ocasionados por los terroristas rohinyás, aunque el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha definido la operación como una “limpieza étnica de manual”.
Por su parte, el gobierno de Bangladesh propuso a Birmania que enviara a su ministro de Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, para que este intente dar resolución a la crisis de refugiados rohinyás. “Hemos planteado que la visita del ministro de Interior se realice entre los días 20 y 30 de octubre venideros”, explicó el ministro de Exteriores bangladesí, A.H. Mahmud Ali, y agregó que, actualmente, se encuentran a la espera de una respuesta por parte del gobierno de Myanmar. De este modo, Asaduzzaman Khan Kamal estaría correspondiendo a la visita que realizó a su país, la semana anterior, Kyaw Tint Swe, consejero de la dirigente birmana, Aung San Suu Kyi. En dicha visita, Birmania exteriorizó una propuesta que pretende aceptar el retorno de los refugiados a esa nación asiática.
Mientras, los rohinyás, quienes se encuentran atiborrados en los campos de refugiados de Bangladesh, han ofrecido a los medios de prensa testimonios realmente aterradores. “Aquí nos están dando severas golpizas, además de disparar y acuchillar a nuestros pueblo hasta la muerte”, expresó Hamida Begum, una de las refugiadas, según CNN en Español. “Muchos de nosotros fueron liquidados. Las mujeres, violadas. Pero mi esposo y yo somos muy pobres”, dijo. Igualmente, Hamida Begur expresó que su familia fue brutalmente torturada, y que otras tantas fueron exterminadas por no poder pagar un rescate a los militares. “Tuvimos que huir para proteger nuestras vidas. Ellos no nos permiten ni siquiera movernos. Nos despojaron de todo lo que teníamos...”, se lamentó. En respuesta, el ejército local incrementó las llamadas “operaciones de despeje”, para lo cual desalojaron a miles de personas de sus casas, e incendiaron más de 2 300 viviendas.
