Rousseff quiere anular el impeachment en su contra
La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff quiere anular el juicio político que la sacó del Palacio de Planalto. La política brasileña manifestó que pedirá junto a su abogado defensor que considere la prueba que confirma irregularidades en la aprobación del proceso en su contra conocido también como impeachment. Rousseff alega que las supuestas irregularidades por las cuales se le condenó y separó de su cargo el 13 de mayo de 2016 nunca fueron probadas. Asimismo, refirió que todo fue un aparataje político de la oposición, personalizada en el ahora presidente Michel Temer del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el partido en la sombra, como es conocido.
Dilma Rousseff alegó también que ella era la presidenta constitucional del gigante sudamericano y que comprobaría que se compraron los votos para aprobar el juicio político que interrumpió el segundo mandato de su presidencia. Se demostró que el ex diputado Eduardo Cunha -quien era el presidente de la Cámara de Diputados cuando se inició el proceso contra Rousseff-, compró votos de parlamentarios en favor del impeachment. Así lo dijo el abogado defensor de Rousseff, José Eduardo Cardozo.
Cunha confesó a la Procuraduría General en una de las llamadas delaciones premiadas que recibió cerca de un millón de reales -unos 315 mil dólares- para comprar los votos de los diputados y aprobar la votación a favor del proceso de destitución.
El abogado de Rousseff dijo también que pedirían una confesión en la petición aún no juzgada por el Tribunal Supremo Federal. El propósito es intentar anular la destitución de "una presidenta legítimamente elegida".
En ese sentido, señaló que solicitar la anulación del juicio político contra Rousseff representa defender la Constitución y el Estado Democrático de Derecho. Asimismo, que si ese paso se da finalmente, el amañado poder judicial en el pais tendría que cerrar la boca. Esto porque sería considerada que nunca hubo ni se presentó ningún tipo de prueba de que Rousseff haya cometido algún tipo de delito de responsabilidad fiscal.
La decisión de alejar a la mandataria de su cargo se basó en la confesión de Lúcio Funaro, quien admitió después ante la justicia haber ayudado a comprar votos entre los diputados para destituir a Rousseff.
La destitución arbitraria e ilegal de Rousseff abrió un etapa neoliberal que ya se creía superada en un país considerado ejemplo ante el mundo. Nunca se le pudo probar ningún tipo de irregularidad contra la representante del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en ninguna de las causas en su contra.
