El Supremo investigará a los independentistas por rebelión
Desde el viernes pasado, el Tribunal Supremo de España se instituyó como el encargado de investigar a toda la cúpula destituida de la Generalitat por rebelión. El procedimiento que ya estaba abierto en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y todos los consejeros de su Gobierno cesado fue asumido por el juez Pablo Llarena. A esta causa se unirá la que ya instruía y en la que están imputados los miembros de la Mesa del Parlament. Además, el letrado investigará a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium. La resolución de Llarena posibilita que los exconsejeros encarcelados puedan declarar en el Supremo y que el magistrado revise las medidas cautelares impuestas por Carmen Lamela a los exmiembros del Govern.
Desde el viernes pasado el Tribunal Supremo se instituyó como el encargado de investigar a toda la cúpula destituida de la Generalitat por rebelión. El procedimiento que ya estaba abierto en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y todos los consejeros de su Gobierno cesado fue asumido por el juez Pablo Llarena. A esta causa se unirá la que ya instruía y en la que están imputados los miembros de la Mesa del Parlament. Además, el letrado investigará a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium. El reparto de competencias establecido por el instructor del Supremo involucra que el alto tribunal asuma el procedimiento de los 22 investigados por rebelión, mientras que la Audiencia Nacional procesará a los encausados por sedición, que son el exjefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana.
La resolución de Llarena posibilita que los exconsejeros encarcelados puedan declarar en el Supremo y que el magistrado revise las medidas cautelares impuestas por Carmen Lamela a los exmiembros del Govern. Por ahora Llarena no los ha citado aún a declarar y puede esperar a que sus abogados lo pidan. Los exconsellers que concurren en las listas electorales del 21-D han solicitado recuperar la libertad antes de que empiece la campaña electoral el próximo 5 de diciembre, elemento que para cumplirlo, el letrado tendría que interrogarlos esta semana o a principios de la siguiente.
El magistrado ha argumentado su decisión de asumir la causa en que los hechos cometidos presuntamente por el Govern y los líderes de ANC y Òmnium son inescindibles de los de los miembros de la Mesa, que ya son investigados por el Supremo.
En ese sentido, la juez Carmen Lamela envió al alto tribunal un informe con los hechos atribuidos a los líderes independentistas investigados en la Audiencia Nacional. Y que según el instructor del Supremo, son “plenamente coincidentes” con los atribuidos por la Fiscalía a los miembros de la Mesa.
Ambos letrados consideran que el proceso independentista en Cataluña es resultado de una estrategia conjunta del Govern (el poder ejecutivo), el Parlament (el legislativo) y la sociedad civil, encabezada por los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, de ahí que no sea posible investigarlos por separado.
La decisión del juez Llarena va en contra del criterio de la Fiscalía, que no es partidaria de unificar la investigación, puesto que considera que el Supremo debía limitarse a investigar a los miembros de la Mesa que son los únicos que después de disuelto el Parlament mantienen su condición de aforados, es decir, mantienen sus privilegios políticos.
En cambio, el magistrado Llarena señala que el Tribunal Supremo es competente para investigar hechos cometidos por no aforados cuando se aprecia una conexión material que no se puede separar de los hechos por los que se investiga a aquellos aforados.
En el informe enviado al Supremo por la juez de la Audiencia, se cambió el delito de rebelión, que requiere un alzamiento violento, por el de sedición, en el cual se persigue a los que se alzan tumultuariamente. Pero estos cambios no son vistos así por Llarena que cree que hay indicios de que los líderes pudieron cometer rebelión, delito que es castigado hasta con 30 años de cárcel. Tomando esto como base se decidió procesar a todos los encausados de forma conjunta por el Supremo, pues el delito de rebelión es visto siempre como un delito colectivo por lo que hace falta un grupo de personas para cometerlo, de ahí la necesidad de un enjuiciamiento conjunto.
