Los paraísos fiscales de la UE
La Unión Europea cuenta con una lista negra sobre paraísos fiscales de la cual decidió eliminar a ocho de los países que la conforman. A raíz de eso el bloque regional ha recibido muchas críticas pues según medios de prensas y analistas consideran que esa determinación fue tomada sin la debida transparencia y visiones parcializadas que dieron lugar al propio documento.
Los países eliminados de la lista negra de la Unión Europea son Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez. Según los ministros de Economía y Finanzas del mecanismo de integración, esas naciones pasarán a formar parte ahora de la llamada lista gris de la UE, donde se encuentran los países comprometidos a corregir una serie de prácticas fiscales consideradas ilegítimas, y la cual cuenta ahora con 55 integrantes.
Quedan entonces solo nueve jurisdicciones fiscales en la lista negra, y ellas son Samoa Americana, Bahrein, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palaos, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
Esta determinación fue tomada, según el ministro búlgaro y presidente de turno del Ecofin, Vladislav Goranov, porque los ocho países eliminados de la peor lista se comprometieron, a través de misivas, a reivindicar sus errores.
Luego de esto se ha desatado la polémica pues hay quienes creen que sacar países fuera de la lista a ese ritmo puede perjudicar la credibilidad de la condena emitida por primera vez en diciembre del 2017. A fin de cuentas esa medida fue tomada para evitar que terceros países se mezclen en la evasión fiscal.
A pesar de que Organizaciones no Gubernamentales (ONG) cuestionan los criterios de selectividad de la UE, predomina el criterio de que fue apresurada esa determinación del bloque regional. Por ejemplo, para la experta Aurore Chardonnet, de la ONG Oxfam, la UE “se está apresurando a sacar a los países de la lista negra sin que quede claro a lo que realmente se han comprometido a mejorar”. Pues el contenido de las misivas enviadas por los países implicados aun no se revela.
En relación con ese asunto, la Unión Europea inició un examen en el 2016 para determinar a quiénes incluir en las listas a partir de criterios como falta de transparencia, existencia de regímenes fiscales preferenciales y respeto de los postulados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos contra la optimización fiscal.
