Por qué la administración pública debería trabajar con software libre
El software es la parte intangible de la computadora, es decir, programas, aplicaciones, etc. El software libre es aquel que permite al usuario interactuar, modificar, mejorar y distribuir el mismo, al contrario del software propietario, del cual su creador se reserva los derechos de distribución, modificación y actualización, limitando las posibilidades del usuario al simple empleo del mismo y limitando a su vez, el proceso de retroalimentación y mejora continua que ofrece el software libre. Si se analiza que administraciones públicas y las instituciones vinculadas al Estado deben contemplar la accesibilidad, disponibilidad y transparencia en datos e informaciones, las posibilidades que ofrece el software libre lo hacen una opción atractiva para optar en estas administraciones.
En la sociedad actual, marcada por el constante y creciente empleo de las tecnologías, es difícil pasar una jornada sin estar en contacto con algún software para diversos fines y de variados tipos. Sin embargo, para aquellos poco familiarizados con los elementos más técnicos relacionados con estos, desconocemos las implicaciones de uso que conllevan, y específicamente en el caso de Cuba, quizás esto se deba a que en nuestro país las limitaciones para su compra, uso, activación son más flexibles y los usuarios comunes, por lo general, no se interesan en estudiar o mejorar el programa.
Software puede entenderse, según el libro Software libre vs. Software propietario. Ventajas y desventajas, como la programática o equipamiento lógico, esto es el conjunto de programas que puede ejecutar el hardware para la realización de las tareas de computación a las que se destina. Se trata del conjunto de instrucciones que permite la utilización del ordenador o computador (pc, personal computer). El software es la parte intangible de la computadora, es decir, programas, aplicaciones, etc.
Tan amplia definición está dada por una igual de amplia gama de posibilidades y es que, un software puede ser desarrollado y generalmente se hace, para suplir alguna de nuestras necesidades, pero es en este propio aspecto donde aparece el principal conflicto de la temática, entre el software libre y el software propietario. El software libre es aquel que permite al usuario interactuar, modificar, mejorar y distribuir el mismo, al contrario del software propietario, del cual su creador se reserva los derechos de distribución, modificación y actualización, limitando las posibilidades del usuario al simple empleo del mismo y limitando a su vez, el proceso de retroalimentación y mejora continua que ofrece el software libre.
Dentro de las características esenciales de la `libertad` que proclama este tipo de software, Richard Stallman, fundador del movimiento por el software libre en el mundo, apunta:
Libertad 0: es la posibilidad de utilizar el programa con cualquier fin, ya sea privado, comercial, público, educativo u otro.
Libertad 1: la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades propias.
Libertad 2: la libertad de distribución del software.
Libertad 3: la libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras.
Si se analiza que administraciones públicas y las instituciones vinculadas al Estado deben contemplar la accesibilidad, disponibilidad y transparencia en datos e informaciones, las posibilidades que ofrece el software libre lo hacen una opción atractiva para optar en estas administraciones.
La filosofía por excelencia del software libre es la de compartir la información para que la mayor cantidad de usuarios puedan acceder y modificar esta y los programas sin necesidad de pagar licencias o pagándolas a bajos costos, en este sentido, las administraciones públicas pueden facilitar la tarea y optimizar el aprovechamiento de los recursos, pues muchas aplicaciones utilizadas o promovidas por las administraciones públicas son también utilizadas por muchos otros sectores de la sociedad. Por ello, cualquier inversión pública en el desarrollo de un producto libre que le interesa redundará en beneficios no sólo en la propia administración, sino en todos los ciudadanos que podrán usar ese producto para sus tareas informáticas, probablemente con las mejoras aportadas por la administración.
Dentro de este aspecto pueden incluirse aquellas variaciones que puedan realizársele a un software en función de las características propias de una comunidad, por ejemplo en relación a un dialecto específico de la misma u otro tipo de costumbres propias de la comunidad en la que se inserta la administración pública.
Además, la posibilidad que ofrece el software libre de ser mejorado por los propios usuarios le otorga una independencia y una constante evolución que no ofrece el software propietario, de esta manera el Estado ya no queda sujeto a un proveedor determinado, a sus requerimientos, licencias o atado a un compromiso perpetuo sino que, a través del software libre, las instituciones públicas pueden administrar los programas de forma autónoma de acuerdo a sus intereses y necesidades y, además, tienen la posibilidad de emplear los software de diversos creadores, la administración tiene a su alcance todo un mercado creciente de software y por tanto, puede contratar a cualquier proveedor que cumpla con los requisitos técnicos y satisfaga las necesidades de ese momento.
En este sentido, el empleo de software libre ofrece la oportunidad de desarrollar la industria local de este tipo, pues las empresas locales podrán competir proporcionando servicios (y el propio programa) a la administración, en condiciones muy similares a cualquier otra empresa. Digamos que, de alguna manera, la administración está allanando el campo de juego, y haciendo más fácil que cualquiera pueda competir en él. Y naturalmente, entre esos cualquiera estarán las empresas locales, que tendrán la posibilidad de aprovechar sus ventajas competitivas (mejor conocimiento de las necesidades del cliente, cercanía geográfica, etc.).
Las instituciones vinculadas al Estado manejan constantemente gran cantidad de datos e informaciones personales y privadas de los usuarios, por lo que los riesgos de que se filtren o se manipulen son latentes, de ahí que se precise un software que garantice la seguridad de los mismos y que pueda ser manejado con independencia de proveedores privativos, ya que difícilmente, si se usa una aplicación propietaria sin código fuente disponible, puede asegurarse que efectivamente esa aplicación trata esos datos como debe. Pero incluso si se ofrece su código fuente, las posibilidades que tendrá una institución pública para asegurar que no contiene código extraño serán muy limitadas. Sólo si se puede encargar ese trabajo de forma habitual y rutinaria a terceros, y cualquier parte interesada puede escrutarlos, podrá estar la administración razonablemente segura de cumplir con ese deber fundamental, o al menos de tomar todas las medidas en su mano para hacerlo.
También, con lo relacionado con los datos e informaciones, es importante la perdurabilidad de los mismos en el tiempo, para lo que un software libre es más eficiente, pues uno propietario puede ser descontinuada su creación para nuevas plataformas mientras que, por el contrario, con el software libre el programa y los datos siempre estarán disponibles en tanto se mantenga funcionando de acuerdo a las necesidades de la administración.
En general, no se trata de obligar a las instituciones a aplicar el software libre, esto iría en contra de los propios preceptos de la libertad que plantean, de lo que podemos hablar es de las amplias posibilidades que ofrece el software libre para adaptarse a las constantes necesidades de las instituciones públicas y de los ciudadanos ante los que estas responden.
