Compromís y su "doping político” para matar la financiación ilegal
Este martes el Pleno del Congreso debatirá una interesante proposición de ley de Compromís, que busca reformar el Código Penal para establecer un mecanismo legal que acabe con la financiación ilegal de los partidos, o al menos la castigue de forma tal que las formaciones políticas se lo piensen más de dos veces hasta de caer en esas repudiables prácticas. La propuesta del partido valenciano es jocosamente referida como “doping político”, por el hecho de que propugna penalizaciones, suspensiones, prohibiciones y hasta disoluciones para aquellos partidos que incurran en hechos de corrupción como el mencionado. Mediante su iniciativa, Compromís aspira a cubrir el vacío legal que en su opinión existe al respecto en la legislación española.
Según sostiene la formación, la ley vigente permite castigar individualmente a quien participe en estructuras de financiación ilegal, pero no a los partidos como personas jurídicas, que en definitiva son quienes montan esas estructuras y más se benefician de ellas. Compromís apunta en su justificación del proyecto legislativo que el artículo 304 del Código Penal, el que aborda de cierta manera el fenómeno, persigue a quien “participe en estructuras u organizaciones”, de cualquier naturaleza, “cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley”. Sin embargo, sostiene, esto no avala a jueces y tribunales para que puedan sancionar e imponer la disolución de un partido político o formación similar que eventualmente haya promovido por sí mismo la financiación ilegal o se haya beneficiado ex profeso de ella. Este asunto Compromís lo resume en la exposición de motivos de su proposición de la siguiente forma: “Existe, pues, un vacío legal que permite la continuidad de aquellas organizaciones políticas que probablemente se hubieren beneficiado de la actividad de estructuras montadas en su seno al objeto de procurarles financiación por vías ilegales, aunque se castiga a las personas que integrasen dichas estructuras y más gravemente a quienes las dirigiesen”.
Razón no le falta a la formación valenciana. Si la legislación penase con mayor severidad a la financiación ilegal y sus comisiones, quizás el tablero político de España hoy fuese distinto y otros los partidos dominantes. En opinión de Compromís, la carencia de una normativa más fuerte en este tema restringe la tutela penal a la que tiene derecho la ciudadanía para protegerse de “aquellas actuaciones que en materia de financiación ilegal de los partidos políticos resultan más perjudiciales para la salud democrática de nuestro Estado”. A juicio del Partido, esas actuaciones más perjudiciales no son las que cometen “individuos aislados”, sino eventuales “redes organizadas por los propios partidos”. Por todo esto, el doping político de Compromís se materializa en una propuesta para introducir un nuevo apartado en el artículo 304 del Código Penal, que permita imponer sanciones de multa de uno a cinco años a las personas jurídicas responsables de estos hechos, así como penas de mayor calado, en dependencia de la gravedad de los hechos ilegales. Entre esas otras penas los valencianistas piden se contemple la posibilidad de disolución, temporal o permanente, de suspensión de actividades por un plazo máximo de cinco años, y de inhabilitación para la obtención de subvenciones y ayudas públicas. Quizás por certera y radical la propuesta no avance en el pleno, pero de que es justa y necesaria para frenar la corrupción política imperante no hay duda alguna.
