Mercosur expulsa a Venezuela y Caracas responde airada
Finalmente el presidente de Argentina, Mauricio Macri, cumplió una de sus promesas electorales: expulsar a Venezuela del Mercado Común del Sur (Mercosur). Desde su campaña estaba esperando la oportunidad perfecta para llevar adelante la medida contra Caracas. La puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela fue el chance que supo aprovechar bien Macri, junto con Paraguay, Uruguay y Brasil, el resto de los países miembros del bloque subregional fundado en Asunción en 1991. Aunque el objetivo del mecanismo es la libre circulación de bienes entre los países del Sur americano, tiene una cláusula democrática conocida como Protocolo de Ushuaia.
Esta letra pequeña dentro del gran contrato comercial que es Mercosur se aplica cuando algunos de los Estados partes quiebra el orden democrático e institucional. Fue firmado en la ciudad argentina de Ushuaia el 24 de julio de 1998 como requisito indispensable del funcionamiento del Mercosur.
En esta ocasión Asunción, Brasilia, Montevideo y Buenos Aires interpretaron que la Constituyente en vigencia rompe con el orden democrático en Caracas y por ello aplicaron el Protocolo contra la vecina nación.
La respuesta venezolana no se hizo esperar y consideró a través del ministerio de Relaciones Exteriores que la medida era ejemplo de los intentos fracasados de intromisión en sus asuntos practicados por lo que denominó la “Triple Alianza”. Las autoridades venezolanas consideraron también lamentable que el Mercosur se hay vuelto un órgano de persecución política y consideraron que era improcedente la medida de expulsarla. Los fundamentos expuestos son falsos y no se corresponden con la normativa jurídica del Protocolo de Ushuaia, indicó en un comunicado la Cancillería venezolana.
La noticia no sorprende. De hecho, se veía venir porque es la segunda vez en menos de un año que se intenta suspender a Venezuela del Mercado Común del Sur. La suspensión será levantada solo cuando alguno de los países miembros considere que retornó el orden democrático. Mientras tanto, pueden aplicar sanciones económicas-comerciales e incluso hasta el cierre de fronteras. Así está contenido en el Protocolo de Ushuaia II firmado el 20 de diciembre de 2011 en la cumbre del Mercosur en Montevideo (Uruguay) el cual marca las pautas para las sanciones que aplicarán.
No es la primera vez que se aplica la cláusula. En 1999 fue la respuesta a la crisis institucional en Paraguay. Luego en ese mismo país se aplicó ante el golpe de Estado parlamentario contra el presidente Fernando Luego en junio del año 2012. La medida se levantó cuando se realizaron elecciones en la nación guaraní al año siguiente.
