Rajoy dice no al debate constitucional al menos hasta el 2-O
El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no ve con buenos ojos la idea del PSOE de impulsar un debate constitucional en el Congreso de los Diputados. Los socialistas, comandados nuevamente por Pedro Sánchez, aspiran a que en septiembre se instaure en esa instancia legislativa una comisión donde todos los partidos políticos debatan en torno a la mejor manera de afrontar una reforma de la Constitución. Sin embargo, Rajoy, y seguramente su Partido, no estarán dispuestos a ello al menos hasta el 2 de octubre, justo un día después del anunciado referéndum independentista catalán. Para el Gobierno Central el desafío soberanista es un asunto de primer orden y solo estarán dispuestos a abrir el debate de una posible reforma constitucional luego de que este haya sido rebasado.
Así se lo hizo saber Rajoy al rey en su más reciente despacho, donde por cerca de dos horas examinaron los temas de máxima actualidad que ocupan la agenda del Ejecutivo. En este sentido, ha trascendido que el presidente del Gobierno ve como una "prioridad inexcusable" el que los partidos constitucionalistas, entiéndase PP, PSOE y Ciudadanos, avancen de forma conjunta en la redefinición del modelo territorial español que desean. "Creo que en lo esencial pensamos lo mismo y creo que debemos ir juntos", declaró Rajoy, en cuya opinión ese debate no debe empezar antes del 1 de octubre (1-O). Hacerlo podría desviar el foco de atención del desafío secesionista que el país encara, en definitiva, el tema que más preocupa de momento a su Gobierno y a gran parte de los españoles. El debate constitucional, sobre todo en lo referente al ordenamiento y modelo territorial español, puede conllevar a examinar distintas variantes, muy diferentes entre sí.
Por ello, Rajoy apuesta por superar el tema del referéndum para entonces poder debatir una alternativa que satisfaga las expectativas de las distintas comunidades autónomas, incluso Cataluña. Eso sí, para el PP, a diferencia de otras formaciones políticas como Podemos y las independentistas, es importante fijar un límite para la reforma antes de abrir un debate en torno a la Carta Magna que conduzca a una revisión de todos sus artículos. Para el partido gobernante, con mayoría en el Congreso y el Senado, la unidad de España, el rol constitucional de la Monarquía y el derecho de autodeterminación no están ni estarán sobre la mesa o la agenda de la reforma. Bajo estos principios, quizás la pretensión de la dirigencia del PSOE de convertir el Estado autonómico actual en el Estado federal que impulsaron en su congreso federal número 39 no llegue a materializarse en el futuro inmediato. Podrá ser un modelo del que se hable en el venidero debate, pero si no conquista el apoyo de los populares, mayoritarios en todo el Legislativo, deberá esperar para convertirse realmente en una opción que, sin destruir la integridad territorial de España, apacigüe los aires secesionistas y favorezca una convivencia plena entre todas las comunidades y regiones.
