Guatemala, entre la corrupción y el conflicto
Guatemala vivió durante tres décadas un conflicto armado interno. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de más de 250.000 víctimas -entre muertos y desaparecidos- según datos oficiales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El informe divulgado en 1998 por el sacerdote Juan José Gerardi Conedera determinó que más del 90% de las masacres que se registraron en la guerra y que dejaron miles de muertos fueron cometidas por el Ejército de Guatemala. Las prácticas propiciadas por el Estado entre 1981 y 1983 –exterminio, torturas, desapariciones, táctica de tierra arrasada, desapariciones forzadas, etc.- fueron perpetradas en su mayoría contra indígenas mayas de las comunidades rurales del país.
Según las apreciaciones de la ONU, los militares cometieron los delitos –entre ellos de lesa humanidad- arguyendo confrontar grupos armados y “por exceso” también cometieron crímenes violentos contra la población civil. Es complejo pensar que la comunidad internacional no tenía información al respecto, dado que el 18 de julio de 1982 el entonces presidente de facto Efraín Ríos Montt fue citado en el periódico estadounidense New York Times diciendo a la población indígena como parte del programa Fusiles y Frijoles: “Si están con nosotros, los vamos a alimentar; si no lo están, los vamos a matar”. Los acuerdos de paz que pusieron fin a la prolongada Guerra Civil de Guatemala, firmados entre 1991 y 1996, contemplaron, entre otros ítems “el restablecimiento de la democracia, el retiro del ejército de las funciones gubernamentales y el establecimiento de una comisión para la verdad histórica”. Se trata de una docena de acuerdos que fueron suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-.
La mediación de las Naciones Unidas dio como resultado algunos cambios en las dinámicas institucionales. En 2006 se instituyó, a través de un acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas, la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su principal meta fue vigorizar la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones frente a las convenciones de derechos humanos -de las cuales es parte- y sus compromisos contraídos con arreglos al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 29 de marzo de 1994. Gracias a la CICIG, finalmente, en marzo de 2013 se llevaron a cabo los juicios y la sentencia por genocidio a Ríos Montt -aunque luego terminó en prisión domiciliaria-.
La CICIG significó una importante reforma en la aplicación de Justicia en el país, que fue determinante para el desmantelamiento de la red de corrupción que implicó la entrada en prisión de Otto Pérez Molina por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por su participación en una estructura criminal –entre otros procesos a políticos corruptos–. El general Otto Pérez Molina -su nombre de guerra fue “Mayor Tito Arias”-, fue presidente de Guatemala (2012-2015), también fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en 1991, y representó al Ejército en la firma de los Acuerdos de Paz, habiendo sido miembro de la Junta Interamericana de Defensa. Durante el 2015, y bajo la consigna de “basta de corrupción” comenzó una oleada multitudinaria de manifestaciones que junto a las presiones de la CICIG, obligan al presidente y la vicepresidenta a renunciar, ambos serian finalmente procesados.
Jimmy Morales era un comediante sin experiencia de gestión que arribó al poder gracias al apoyo de sectores aliados: facciones del Ejército y la oligarquía nacional. Así, en enero de 2016, a pocos días de haber ocupado su mandato, enfrentó una crisis en la cúpula del Ejército luego de destituir al general Alfredo Sosa Díaz como jefe del Estado Mayor de la Defensa. Lo que en principio intentó ser un cambio de rutina, viró 180 grados cuando la abogada defensora de Sosa Díaz presentó un proceso de antejuicio –que implica el despojo de la inmunidad del cargo- contra el ministro de Defensa, el general Williams Mansilla Fernández, acusado de poner en manos de la Fiscalía hechos clasificados como “secreto militar” que involucran a 18 oficiales retirados, quienes son enjuiciado por crímenes de lesa humanidad.
A pesar de los escándalos que han sacudido a su gestión, Williams Mansilla se ha mantenido en el cargo con tres presidentes distintos: Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales. Pero la guía del ejército en los tiempos de Jimmy Morales y el FCN (Frente de Convergencia Nacional) se encuentra en la órbita de dos promociones más jóvenes, la 103 y la 108. La crisis que vive este país refleja sin embargo algunas tensiones irresolutas durante el proceso de paz que definitivamente tienen implicaciones en las dinámicas políticas actuales: el neoliberalismo, la extrema desigualdad, la modernización del sistema de justicia sigue de la mano de técnicos foráneos incapaces de generar apropiación en las instituciones para transformar el estado y pervivencia de la derecha en el gobierno y que no se verá afectada con la salida de Morales.
