Una nueva medida contra el alquiler de viviendas turísticas en Palma
Al comienzo del mes de julio, a los propietarios de un apartamento o piso ubicado en Palma no se les permitirá alquilar sus domicilios a turistas. La capital balear ha acogido una providencia adelantada en todo el estado por la que impedirá indiscutiblemente los pisos turísticos en toda la ciudad. El bloque de gobierno integrado por Podem, Més y PSOE ha tomado esta sentencia posteriormente de encomendar varios análisis y estudios que han expuesto que el ofrecimiento de pisos turísticos no regulados tuvo un incremento de un 50% entre los años 2015 y 2017 hasta lograr las 20.000 plazas tratadas en la ciudad. Solo 645 de las viviendas ofrecidas en la ciudad de Palma cuentan con licencia para alquilar.
El grupo de gobierno certificará en el pleno municipal del próximo jueves su proposición inaugural de restricción del arrendamiento vacacional, que después de ser doblegada a exhibición pública se aprobara permanentemente en el pleno mes de julio. Será en aquel entonces cuando Palma solo consentirá el alquiler a viajeros en casas aisladas, las residencias unifamiliares, o chalés exceptuados los ubicados en territorio rústico privado, en suelos de uso no residencial como los polígonos industriales y en los alrededores del aeropuerto.
En el pasado mes de agosto la reforma de la ley general Turística aprobada por el Parlamento autonómico impidió el arrendamiento vacacional en pisos, pero admitía en manos del propio Ayuntamiento de Palma la probabilidad de definir las zonas y barrios en los que podía autorizarlo. Posteriormente, el equipo de gobierno ha resuelto suponer la ciudad como zona única y conservar la limitación de esta práctica en apartamentos y pisos de todo la región "para salvaguardar al poblador" en palabras del alcalde Antoni Noguera.
El equipo de gobierno facultó algunos análisis sobre la repercusión de esta actividad en la ciudad, que han expuesto que el 48% de los pisos de la renta turística se brinda en periodos de entre siete y ocho meses, lo que imposibilita las posibilidades del ingreso de alquiler residencial de una extensa temporada en el mercado. “Actúa una correspondencia entre el progreso del fenómeno de los arrendamientos vacacionales y el incremento del costo del alquiler residencial”, ha destacado José Hila, el teniente de alcalde de Urbanismo, quien apoya la ley por hechos tan significativos como el aumento de un 40% de los arrendamientos en la ciudad en estos últimos años que ha trasformado a Palma en la segunda región seguida de Barcelona en la que más capital invierten los ciudadanos para el pago de dicha renta.
"El hospedaje de los turistas perturban a la armonía social y distribución en los barrios y edificios y su agudeza ya ha perjudicado el paso a la residencia", ha indicado Hila, quien hace un llamado al Ayuntamiento que interviene "para defender y proteger al ciudadano". Un informe encargado por el Consistorio a la Defensora de la Ciudadanía igualmente ha comprobado el desperfecto de la convivencia en los barrios a causa del ruido provocado por los pisos turísticos, mientras que las acusaciones mostradas ante la Consejería de Turismo por inconvenientes con los arrendatarios han sobrepasado de 42 en el año 2014 a las 192 analizadas el pasado año.
El alcalde Noguera muestra su posición a favor de esta medida, pionera en España, la cual será destacada por el ejemplo a seguir por otras regiones. "La ciudad de Palma es valiente y emprendedora. Lo hemos establecido según la comodidad y el interés general, sostenemos que dejará la marca de esta tendencia para otras ciudades que concebirán que los proporciones son esenciales", ha destacado el alcalde. "Todas las ciudades europeas van camino a la transformación de un día para otro por esta aceptación. Es necesario que asentar el orden, Palma dispondrá de alquiler vacacional, pero solo donde lo tiene que haber", ha concluido Hila.
En la actualidad en la capital balear hay varias ofertas en el mercado de unos 11.000 lugares para el arrendamiento a turistas, de ellas solo 645 poseen licencia. Previamente de la anuencia de la regulación autonómica en agosto del pasado año, las plazas ofrecidas sumaban a 20.000, pero las excelsas multas divisadas en la ley de hasta 400.000 euros estimularon la desaparición de anuncios en las plataformas más significativas. Se prevé que la orden se decrete de forma inaugural en el pleno municipal esta semana, para ser doblegada a un periodo de exhibición pública y poseer el visto bueno concluyente en el para el venidero mes de julio.
